El nuevo gobierno del Estado español debe auditar la deuda pública con activa participación ciudadana

Nos acercamos a las elecciones del 26 de junio habiendo superado, según la contabilidad de Protocolo de Déficit Excesivo (PDE) de la Unión Europea¹, el límite simbólico del 100% de deuda pública respecto a PIB (el PIB es aproximadamente 1 billón de euros), porcentage que era aproximadamente del 35% cuando empezó la crisis.

Sin embargo, el sistema de contabilidad del Banco de España², mucho menos laxo que el de PDE de la UE, muestra unas cifras diferentes. Estos datos muestran que cuando empezó la crisis en 2008, la deuda pública se situaba en 487.000 millones de euros³, mientras que la deuda total de la economía española era de 3,97 billones de euros (aproximadamente 4 veces el PIB español). La parte pública era el 12% del total de deuda, mientras que la privada (de sociedades financieras, no financieras y hogares), que era de 3,48 billones, suponía el 88% del total. Según la misma fuente a finales de 2015 la deuda pública se ha multiplicado casi por tres desde el 2008, llegando a 1,22 billones de euros, o sea el 122% del PIB, pero la deuda total de la economía española sigue siendo de 3,98 billones de euros, exactamente la misma cantidad que en 2008.

Los datos son muy explícitos. La parte pública es ahora el 30%, mientras que la privada es ahora el 70%. La deuda privada se ha reducido en 720.000 millones, mientras que la deuda pública ha aumentado exactamente 730.000 millones, casi la misma cantidad.

Las políticas de austeridad no sirven para reducir la deuda total, ni para relanzar la economía y crear empleo, como admite el mismo FMI en un artículo recién publicado⁴, sino para transmitir deuda privada a deuda pública así como reducir los derechos económico y sociales conquistados con duras luchas. Es sencillo, el aumento la deuda pública ha sustentado los beneficios de las grandes empresas y bancos del IBEX y les ha permitido que recompongan sus maltrechos balances, muchos de ellos aún en quiebra, reduciendo sus deudas a través de estos mecanismos de transmisión macroeconómicos.

Sufrimos un gran despliegue de tales mecanismos, entre los que destacan el proceso agresivo de recortes en la provisión de servicios sociales públicos, sector que está ocupando el capital privado; las privatizaciones; las reducciones salariales y de derechos laborales en toda la economía; los subsidios, ayudas y avales a grandes empresas, en especial del IBEX; una fiscalidad regresiva basada en la permisivadad con el fraude y la elusión impositiva de grandes empresas y grandes fortunas; los rescates a la banca; y los arreglos monetarios de la Eurozona, que obligan a los Estados a financiar sus déficits a través de los mercados financieros (siendo los grandes bancos españoles los grandes beneficiados).

Cabe aclarar que la reducción de la deuda de los hogares, se ha llevado a cabo, no con subvenciones a este sector económico, sino todo lo contrario. Esta reducción se ha producido a través de distintos procesos, entre los cuales están las ejecuciones de hipotecas morosas, que han cancelado deudas a cambio de la expropiación de viviendas por parte de los bancos, y de la no provisión de nuevo crédito, cosa que después de 8 años reduce el saldo total de su deuda, al ir los hogares cumpliendo con los pagos.

A pesar de los datos mostrados, el consenso neoliberal que gobierna los países de rentas altas, como el nuestro, no atiende a hechos, y continúa utilizando la deuda pública como pretexto moral para justificar el ataque a los derechos de la mayoría de la población. Según la narrativa dominante la deuda pública resulta de que hemos vivido por encima de nuestras posibilidades. Esto sucede en paralelo a que día tras día, descubramos que los partidos políticos gobernantes en el Estado en las últimas décadas han desplegado grandes redes clientelares, en muchos casos delictivas, que han financiado ilegalmente sus partidos, servido para cobrar comisiones ilegales, o malversado dinero público atribuyendo sobrecostes a obras y servicios provistos por empresas que formaban parte de estas redes, todo ello generando deuda ilegal.

Además los bancos y grandes empresas, que se han enriquecido a través de las mismas redes clienterales de los partidos políticos, y que una vez empezada la crisis han recibido cantidades masivas de dinero de los contribuyentes, expulsan a familias que se han empobrecido durante la crisis de sus hogares por no poder pagar sus hipotecas a tiempo, y demandan públicamente en la prensa y en foros públicos que se reduzcan los derechos de los trabajadores por el bien de la economía, mientras los mismos que realizan las declaraciones reciben remuneraciones millonarias. Los rescates y los intereses sobre la deuda pública que el Estado le ha pagado a la banca desde el 2008 superan los 120.000 millones de euros, más del 12% del PIB, lo que supone casi el doble de los recortes realizados o 4 veces la cantidad actual de dinero del fondo de las pensiones. Estas cantidades enormes de dinero público destinados a mantener la banca en manos privadas son un ejemplo claro de lo que podría llegar a considerarse deuda ilegítima.

Por otra parte, las leyes y tratados para cronificar la austeridad fiscal han generado, además de una pérdida de poder político general de las administraciones públicas, una recentralización de este poder. El Pacto Fiscal Europea de 2012, establece que los Estados de la UE pueden ser multados si superan el límite de déficit del 3%, por lo que su capacidad de aplicar políticas fiscales expansivas en tiempos de crisis queda completamente eliminada y la fiscalidad pasa a ser estrictamente monitarizada desde Bruselas. A nivel nacional, el cambio del artículo 135 de la Constitución para priorizar el pago de la deuda pública por encima de cualquier otra obligación social del Estado vulnera los principios fundamentales de la misma Constitución Española, viola la Carta Social Europea y la Declaración Universal de los Derechos Humanos, por lo que el cambio realizado por PSOE y PP en 2011 debe ser abolido. Además la aprovación e implementación de leyes como la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera y la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local están mermando la capacidad política y democrática de las administraciones autonómicas y locales, asfixiándolas financieramente, endeudándolas y finalmente propiciando su intervención por parte del gobierno central, a través de reducir su financiación en un momento en que estas administraciones se ven obligadas a mantener o aumentar los servicios públicos prestados para amortiguar el impacto de la crisis. Estos servicios en ocasiones son competencia de la administración central, la cual actuando de forma irresponsable o malintencionada no los lleva a término, obligando a las administraciones autonómicas y locales a cargar con su peso sin los recursos para hacerlo.

La tónica se repite a lo largo y ancho de la Unión Europea. Estados como Grecia o Chipre han sido convertidos a base de injerencias externas de la Comisión Europea, el Banco Central Europeo y el FMI (la Troika), justificadas por el pago de la deuda pública, en colonias modernas de los acreedores en las que el Estado está al borde del colapso y sus poblaciones están sometidas a medidas de expolio y empobrecimiento que violan tanto la legislación nacional como la internacional. Como el Estado español, Irlanda, Chipre, Grecia y Portugal son sometidos a austeridad permanente mientras sus ciudadanas y ciudadanos ven como sus bancos continúan siendo sustentados con dinero público, rescate tras rescate. Esta nueva arquitectura política de la zona euro y la Unión Europea, apuntalada en la deuda, hace que los países de la UE vean como se reduce día a día su soberanía y la calidad de sus democracias, ya que sus parlamentos no deciden realmente e imponen duras medidas a sus propios ciudadanos en contra de lo que éstos han votado y expresado de manera clara. Las injerencias de la Troika en estos estados suponen una violación de la soberanía nacional que nos obliga a considerar que las medidas impuestas bajo su presión política han generado deuda odiosa, categoría aplicada a la deuda generada por regímenes que violan los derechos humanos.

Todo esto, está llevando a un crecimiento de la desigualdad, con un aumento pronunciado de la riqueza de las capas más ricas de la sociedad, y un empobrecimiento y precariedad generalizados para la mayoría, con un paralelo deteriorio de las instituciones democráticas y de la credibilidad en el pacto social. Este crecimiento de la desigualdad está directamente relacionado con la insostenibilidad de la deuda, por lo cuál es necesario tanto para reducir la desigualdad como para reactivar la economía reducir radicalmente la deuda para situarla en un monto que permita encarar un nuevo modelo que permite garantizar la integralidad de los derechos humanos (sociales, económicos, culturales, civiles y políticos) y empezar en serio la transición ecológica.

Es urgente realizar una auditoría con participacion ciudadana activa de la deuda pública para poder analizar en profundidad estos y otros mecanismos que están cargando sobre la mayoría de la población deudas de origen privado, y sirviendo como justificación para un retroceso de derechos sin parangón en las últimas décadas. La auditoría debe clarificar qué deudas son admisibles y cuáles son ilegales, ilegítimas, odiosas o insostenibles, para proceder a rechazar su reembolso. En la actual dinámica de expropiación a través de las finanzas es necesario en defensa de las democracias sentar las bases de un nuevo paradigma legal, socioeconómico y ecológico, que deje atrás el neoliberalismo y ponga límites al poder de las grandes finanzas.